Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: El solicitante vive en una habitación de de inmueble que ocupa en virtud de contrato de arrendamiento; en ese domicilio viven también la propietaria del inmueble así como el hijo del solicitante. Se deniega la prestación la prestación por formar parte de otra unidad de convivencia. El recurrente sostiene que no convive con su mujer ya que ésta reside en Marruecos, pero no lo acredita; el empadronamiento produce una presunción de que el domicilio de la persona es el que resulta del mismo, siendo los certificados de empadronamiento documentos públicos que acreditan dicha inscripción, pero es presunción iuris tantum, y se constata que el actor mantiene vínculo matrimonial y que los cónyuges están obligados a prestarse alimentos y ayuda económica, por lo que de los autos no resulta que el actor reúna los requisitos legalmente exigidos para tener derecho a la prestación solicitada, razón por la que se considera que forma parte de otra unidad de convivencia y se confirma la sentencia.
